| Provoca jarabe pleito comercial |
El gobierno mexicano prefirió pactar "en corto" la libre importación de medicamentos de El Salvador a permitir una apertura internacional indiscriminada, luego de haber perdido dos resoluciones por violar el Tratado de Libre Comercio con ese país y "piratearse marcas salvadoreñas.
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Un jarabe para la ronquera fue el detonador del acuerdo discrecional. México perdió ante el arbitraje comercial internacional una disputa por la medida proteccionista de exigir el requisito de planta en territorio mexicano para las empresas extranjeras.
Todo empezó en 2004, cuando en la aduana mexicana fue detenido un cargamento de 200 mil frascos de "Zorritone", un jarabe para la tos y los dolores de garganta producidos por afecciones respiratorias, procedente de El Salvador.
La empresa Ancalmo era la productora del jarabe. Su presidente es Mario Ancalmo, quien también fungía hace tres años como líder de la Asociación de Industriales Químicos y Farmacéuticos (Inquifar) de El Salvador. Cuando su producto fue detenido se enteraron que México había impuesto el requisito de planta.
El jarabe "Zorritone", e incluso unos caramelos hechos con la misma sustancia, habían ingresado a México desde 1999 y no habían tenido problemas, aunque el producto estaba registrado como suplemento alimenticio. Pero la disposición del requisito de planta, impuesta en 2004, trastocó los negocios de la empresa.
Ancalmo fue notificada que tendría que buscar a un laboratorio mexicano que le registrara el producto como medicamento con el nombre mexicano y lo distribuyera o maquilara. Eso implicaría además, que la planta mexicana conociera la fórmula del "Zorritone", asunto que pareció inaceptable para los salvadoreños.
Y es que ése no era el único problema con los productos salvadoreños. Además de los problemas de registros estaba el del pirataje o falsificación de productos. Bacaolina, un complejo vitamínico, también para la tos, fabricado por Laboratorios Laínez, no podía ser exportado a México debido a que un laboratorio mexicano ya había registrado un medicamento con la misma fórmula, marca, color y diseño del empaque.
Los laboratorios mexicanos, según la denuncia de Laínez, lo habían hecho a partir de unos turistas centroamericanos que habían llevado a México el producto original.
Ambas naciones firmaron en 2001 un TLC que incluía Cartas Paralelas donde México se obligaba a reformar sus leyes sanitarias para flexibilizar la entrada de productos farmacéuticos de El Salvador.
Antes que eso, el gobierno mexicano endureció sus normas de importación de fármacos. Por ello, en octubre de 2003, El Salvador abrió el mecanismo de solución de diferencias estipulado por el tratado, y al final ganó la disputa.
También las empresas que dijeron ser plagiadas en su medicamento pelearon ante autoridades mexicanas la titularidad de derechos.
En agosto de 2006, la Ministra salvadoreña de Economía, Yolanda de Gaviria, informó que su gobierno había ganado el diferendo. Declaró entonces, según un comunicado de la dependencia: "Este es el primer caso que el país gana en la historia de los marcos de los tratados de libre comercio y controversias comerciales. (Es) un acto de justicia, puesto que no se ha pedido más que un derecho que nos correspondía no se le ha arrebatado nada a nadie".
Conforme un reporte oficial posterior, el Ministerio salvadoreño dijo que el fallo obligaba a México a modificar su ley y otorgar el registro sanitario a los medicamentos salvadoreños, sin tener que establecer una fabrica en el territorio de aquel país.
"En caso que México no cumpla, El Salvador estará facultado para suspenderle beneficios derivados del tratado que tengan efecto equivalente a los beneficios dejados de percibir", indicó el documento.
México se tardó un año en responder. Fue hasta el pasado noviembre cuando la Cofepris formalizó el cumplimiento del diferendo al pactar bilateralmente con el gobierno salvadoreño la facilidad para las empresas de ese país de exportar medicamentos sin necesidad de contar con una planta en México.
El privilegio fue confirmado el pasado 1 de enero, al publicarse en el Diario Oficial el decreto de reformas al Reglamento de Insumos para la Salud que mantuvo inalterable la exigencia del requisito de planta.
Es decir, México no reformó las disposiciones legales, simplemente abrió una excepción con el país que levantó una querella internacional.
Pero no era la única derrota mexicana en materia de comercio de medicamentos ante los salvadoreños. El 29 de septiembre de 2006, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) declaró nulos los registros a favor de la empresa mexicana que comercializaba ilegalmente las marcas salvadoreñas "Bacaolina", y "Bacaolinita". El "pirataje" había cesado.
Así lo dijo
"Este es el primer caso que el País gana en la historia de los marcos de los tratados de libre comercio y controversias comerciales. (Es) un acto de justicia...".
Yolanda de Gaviria
Ministra de Economía de El Salvador, declaración en 2006
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